Skip to content Skip to footer

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

Tanto los políticos como la ciudadanía tienen limitaciones.

Hoy es difícil cuestionar que nuestros políticos electos no tienen, por lo general, ni la preparación, ni la asesoría competente, ni el criterio, ni la cercanía al problema para decidir sobre esos temas mejor que la ciudadanía. 

Además, el mecanismo permite, ante cualquier propuesta ciudadana, que la autoridad pertinente, sea la presidencia, el congreso, o el municipio, haga una contra-propuesta, permitiendo un voto a favor de la propuesta ciudadana, en contra, o a favor de la propuesta de nuestros representantes.

En Suiza, que cuenta con un mecanismo de democracia bien diseñado, la persona promedio vota en unos cuatro referendos al año. Un par municipales, uno regional, y uno nacional. Para asegurar al mismo tiempo que todas las buenas propuestas sean consideradas pero sin permitir que cualquier capricho malgaste recursos públicos, es fundamental establecer un mínimo de firmas.

Al mismo tiempo, para dar certeza jurídica, una vez aprobada o modificada una ley o tratado internacional por el congreso, la ciudadanía tiene 100 días para juntar firmas para un referendo revocatorio. De esa manera, se previene la aprobación de leyes corruptas y al mismo tiempo se alcanza mayor certeza jurídica en un plazo razonable.

El riesgo de dejar espacios intocables para democracia directa, como por ejemplo ciertos derechos fundamentales, es que habría que instaurar una comisión que tuviera facultades para decidir cuándo un referendo es inadmisible, y eso abre espacios para que grupos de poder, capturando dicha comisión, censure iniciativas ciudadanas legítimas bajo la excusa de defensa de derechos fundamentales.

Una alternativa es instaurar dicha comisión, cuidando los mecanismos de elección de sus miembros y operación interna para reducir el riesgo de que sea capturada. 

Otra alternativa es, como ocurre en Suiza, confiar que los ciudadanos en conjunto somos capaces de resguardar esos derechos sin la tutela de ninguna comisión simplemente votando en contra de propuestas que limiten derechos fundamentales. Al final del día, cualquier comisión o tribunal de esta naturaleza va a estar también sujeto a presiones políticas y no son realidad garantía final de nada.

Ambas alternativas tienen ventajas y desventajas. Lo esencial es que sea cual sea la elegida, sus mecanismos de operación deben ser establecidos cuidadosamente.

La ciudadanía tiene poco interés en políticos y partidos, pero no necesariamente en políticas públicas como pensiones, salud, gasto público. En el peor caso, de todas formas, si no hay interés, no se juntan suficientes firmas, y todo sigue igual; no se pierde nada.

Nuestros representantes leen los mismos diarios y tienen las mismas conversaciones que todos nosotros. Un efecto probable de tener un mecanismo de democracia directa es que la discusión en los medios se va a centrar más en propuestas específicas, y menos en nociones vagas y peleas entre personalidades públicas.

No hay duda que el dinero tiene gran influencia en la política. Eso ocurre hoy y ha ocurrido siempre. El mecanismo de democracia directa, si bien estaría sujeto a las mismas presiones,

amplía el círculo donde el dinero debe distribuirse para actuar: es más barato comprar votos de cincuenta diputados que de diez millones de ciudadanos. A pesar de sus limitaciones, el mecanismo abre una vía legítima institucional para presentar propuestas que hoy está completamente cerrada.

Este mecanismo se autoregula: si bien toda propuesta debe pasar la primera barrera de junta de firmas para ser considerada, al momento del voto efectivamente no hay quorum mínimo. Esto es para asegurar que propuestas que son importantes para una minoría e indiferentes para la mayoría puedan ser aprobadas. Por otro lado, si a la mayoría le importa lo suficiente como para ir a votar en contra, está en libertad de hacerlo. En otras palabras, si la participación es baja, la oposición es igualmente baja, y por ende no hay problema con su aprobación. Y vice-versa, si la oposición es genuinamente alta, la votación es correspondientemente alta, y se rechaza.

Los días de votación, que como referencia en Suiza son aproximadamente cuatro anuales, incluyendo uno nacional, uno regional, y uno municipal, son establecidos por ley como feriados irrenunciables en la zona del referendo, tal como en las actuales elecciones de presidente y congreso. Así se reduce el efecto de este problema, que este mecanismo no resuelve, y que de todas formas se mantiene en peor caso al mismo nivel que en el de elección de representantes.

Aunque puede parecer contraintuitivo, tener un mecanismo legal que permita canalizar institucionalmente la voluntad de la ciudadanía, reduciría la legitimidad del vandalismo y la violencia como formas de protesta y el riesgo de grandes cambios bruscos en el país. Es posible que los primeros años de funcionamiento haya un ajuste inicial que lleve a que los sistemas de salud, pensiones, impuestos, etc., reflejen más fielmente la voluntad de la ciudadanía, pero después de ese periodo transicional, y para conducir ese mismo proceso, nada puede ofrecer más estabilidad que un sistema que cuente con la legitimidad y permanente aprobación de la mayoría de sus miembros.

En otras palabras, mantener siempre abiertas las puertas a reformas constructivas y ordenadas dentro de la institucionalidad ofrece incomparable estabilidad política. Permite hacer cambios siempre antes de que el país arda.

El Servicio Electoral de Chile, Servel, el mismo organismo que organiza las votaciones de representantes.

Por supuesto que, tal como en la democracia representativa, la democracia directa llega a veces a decisiones con las que uno está en desacuerdo. El mecanismo de democracia directa no tiene como objetivo, ni podría tenerlo, que se apruebe todo lo que a cada ciudadano le parezca óptimo, ya que tenemos una infinidad de legítimos desacuerdos. El objetivo en cambio es fiscalizar mejor a nuestros representantes, asegurar que lidien con los temas que la ciudadanía estima prioritarios contundentemente, reducir la corrupción en la política, y abrir una vía institucional que permita expresar el descontento de la ciudadanía y sus desacuerdos con los consensos de la élite política de manera ordenada, constructiva, y sin amenazar la estabilidad política y económica del país. Es una manera civilizada de decidir sobre temas en los que estamos en desacuerdo.

El grado de deliberación de una decisión no tiene necesariamente relación con si la persona que decide es o no una política profesional. Todos sabemos que nuestros representantes, como todos nosostros, son y han sido capaces de tomar decisiones tanto bien como mal informadas, con y sin adecuada deliberación. El mecanismo de democracia directa no ofrece necesariamente una mejora en este aspecto, pero tampoco un empeoramiento. Sí ofrece una mejora reduciendo la corrupción de nuestros representantes: es más barato comprar 50 votos en el congreso que cinco millones de votos en las urnas. También fuerza a nuestros políticos a lidiar con los temas que nosotros consideramos importantes, bajo amenaza de propuesta ciudadana.

Mecanismo de democracia directa existen en docenas de países, incluyendo Chile. En la mayoría de los casos son mecanismos débiles, como el que tenemos en Chile, limitados por requisitos excesivos en la recolección de firmas, facultades limitadas, quorums mínimos, y otros detalles que los hacen perder fuerza fiscalizadora. El mecanismo Suizo es simplemente el más robusto, en el que la ciudadanía manda más de verdad, y por eso nos inspiramos en ese.

Nuestro contexto es uno en que básicamente todas las instituciones de gobierno y estado tienen aprobaciones, hace años, en porcentajes de un dígito o levemente superiores. La gente ha aprendido, para bien o para mal, que la única manera de influenciar la agenda política y lograr cambios más que cosméticos es protestar, y quizás, lamentablemente, protestar con violencia. Si no damos cauce institucional a crisis presentes y futuras con un mecanismo de democracia directa que asegure el procesamiento ordenado de las preferencias de la ciudadanía y de nuestros legítimos desacuerdos, todo parece indicar que vamos a seguir teniendo inestabilidad política y económica periódica e indefinidamente.